CRISIS POLÍTICA EN PERÚ: DINA BOLUARTE DESTITUIDA POR EL CONGRESO TRAS ACUSACIONES DE INCAPACIDAD MORAL

La inestabilidad política vuelve a sacudir al Perú. En una decisión histórica y unánime, el Congreso de la República aprobó la vacancia presidencial de Dina Boluarte, cerrando un ciclo de poco menos de tres años marcado por tensiones, escándalos y una profunda crisis de gobernabilidad.

Una destitución sin precedentes.

En una sesión que captó la atención nacional e internacional, 121 congresistas votaron a favor de la vacancia, sin que se registraran votos en contra ni abstenciones. Con ello, el Parlamento puso fin al mandato de Boluarte a la medianoche del 10 de octubre de 2025, y de acuerdo con el orden constitucional, el presidente del Congreso, José Jerí, asumió de inmediato la conducción del Ejecutivo.

Esta destitución [invocando la figura de “incapacidad moral permanente”] se convierte en uno de los episodios políticos más contundentes de las últimas décadas. Con Boluarte, el Perú suma seis presidentes en menos de diez años, un récord que refleja la fragilidad institucional del país andino.

El camino hacia la vacancia: entre escándalos y pérdida de legitimidad.

El proceso comenzó el 9 de octubre, cuando distintas bancadas parlamentarias impulsaron cuatro mociones de vacancia sustentadas en denuncias de corrupción, entre ellas el sonado caso “Rolexgate”, que había afectado gravemente la imagen del Gobierno. También se criticó la ineficacia del Ejecutivo frente a la inseguridad ciudadana, que se había convertido en la principal preocupación de la población.

Tras obtener los votos necesarios para admitir la moción (56 como mínimo), el Congreso avanzó hacia un juicio político exprés que concluyó con una abrumadora mayoría a favor de la destitución. Incluso las fuerzas políticas que habían sostenido al gobierno —como Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso— se sumaron a la votación, evidenciando el aislamiento político de Boluarte en sus últimos días de gestión.

El hecho que aceleró su caída.

El detonante final fue el ataque armado ocurrido durante un concierto del grupo Agua Marina en Chorrillos, Lima. El atentado, que dejó varios heridos, desató una ola de indignación y fue percibido como la muestra más visible del deterioro del control estatal sobre la seguridad pública.

Este suceso terminó por hundir la credibilidad del gobierno y acelerar un desenlace que ya parecía inevitable. Los sectores sociales y empresariales coincidieron en que el país atravesaba una “parálisis de autoridad”, y la presión política se volvió insostenible.

Impacto económico: estabilidad sorprendente en medio del caos.

A diferencia de crisis anteriores, la destitución de Dina Boluarte no generó turbulencia significativa en los mercados financieros. De hecho, el tipo de cambio mostró una leve apreciación del sol frente al dólar, reflejo de la confianza en la institucionalidad económica del país y del rol estabilizador del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

El mercado cambiario respondió con moderación, sin sobresaltos notables, lo que evidencia que los inversionistas diferencian la inestabilidad política del manejo macroeconómico, percibido como prudente y sólido. El BCRP actuó preventivamente, garantizando liquidez y transmitiendo seguridad a los agentes económicos.

En los días posteriores a la vacancia, la cotización del dólar retrocedió ligeramente, lo que sugiere que el sol peruano mantiene su fortaleza estructural, apoyado en fundamentos como la estabilidad fiscal, la solidez del sistema bancario y las expectativas inflacionarias controladas.

Perspectivas: política convulsa, economía resiliente

La salida de Boluarte no ha desatado pánico financiero, pero sí abre un nuevo capítulo de incertidumbre política. Los analistas coinciden en que el reto del nuevo gobierno será preservar la estabilidad macroeconómica y reconstruir la confianza interna, sin descuidar las demandas sociales que siguen latentes.

El Perú demuestra, una vez más, que su economía es más resistente que su política. Sin embargo, la sucesión de crisis presidenciales plantea una pregunta inevitable: ¿hasta cuándo podrá el país sostener su fortaleza económica si la inestabilidad política se convierte en una constante?

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